La ley de convivencia argentina establece un marco legal para la convivencia en pareja

La ley de conviviencia argentina establece el marco legal que regula la convivencia entre personas del mismo sexo. La ley se encuentra vigente desde el año 2013 y fue promulgada por el presidente Mauricio Macri.
La Ley de Convivencia Argentina establece el derecho a vivir en pareja, estableciendo las bases para la protección de los derechos humanos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).
La ley establece que toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto, sin discriminación alguna por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Además, garantiza el derecho de las parejas del mismo sexo:
a) A contraer matrimonio civil, religioso o civil según sus creencias religiosas, siempre que no haya impedimentos legales.
b) A adoptar hijos, siempre y cuando no haya impedimento legal para ello, y si así lo desean, pueden adoptar a un tercero.
c) A tener acceso a los mismos derechos y obligaciones que tienen las parejas heterosexuales en cuanto a la tenencia de hijos, bienes, herencia, pensión alimenticia, etc.
d) A acceder a los servicios de salud, educación, vivienda, trabajo, deporte, recreación, cultura, turismo, transporte, seguridad social, asistencia social, empleo y capacitación laboral, entre otros.
e) A participar en la vida política, económica, social, cultural y deportiva de la comunidad, en igualdad de condiciones con las parejas casadas.

La Ley de Convivencia Argentina establece un marco normativo para la convivencia entre personas del mismo sexo, estableciendo los derechos y obligaciones de las partes.

1.- La ley de Convicción Argentina establece que todo ser humano tiene derecho al respeto de su dignidad y a la no discriminación por su condición sexual, su identidad de genero o expresión corporal.
2.- El artículo primero de la ley de Convenciones Argentina establece que: «Toda persona tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la libertad de conciencia y de religión, a elegir su religión o creencia, a profesarla, a practicarla y a difundirla, y a recibir enseñanza religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones».
3.- Los artículos 2 y 3 de la Ley de Convención Argentina establecen que «toda persona tendrá derecho a la protección integral de su salud física y mental, a una alimentación adecuada, a un nivel de vida adecuado, a condiciones de vivienda adecuadas, a servicios sociales y a una protección especial contra la violencia, la discriminación, el abuso y la negligencia».
4.- Las personas LGBTI tienen derecho a ejercer su sexualidad libremente, sin ningún tipo de discriminación. Por ejemplo, pueden tener relaciones sexuales con otras personas del propio sexo, pero también con personas del sexo opuesto.

El Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) es el cuerpo normativo que regula la convivencia entre parejas del mismo sexo.

En el artículo 1 del CCyCN se establece que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Nadie puede ser privado de la vida ni de la libertad salvo en los casos y según las formas establecidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de los cuales la República Argentina sea parte».
El CCyC establece que «el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, estable y duradera, con el objeto de fundar una familia. El Estado reconoce y protege el matrimonio como institución fundamental de la sociedad y garantiza el ejercicio de los derechos reconocidos en él».
En el art. 4 del CCYCN se define el matrimonio como: «la unión entre dos personas, de sexo diferente o del mismo género, con plena capacidad de obrar, con fines de procreación y de convivencia».
Por último, el CCyN establece que «las personas que contraigan matrimonio gozarán de los mismos derechos y deberes que los ciudadanos argentinos».
La ley nacional de convivencia establece que toda persona tiene derecho a vivir en paz y armonía con los demás.

El CCCCN establece los derechos y deberes de las partes en la convivencia, así como también los mecanismos de resolución de conflictos.

1.- La ley de conviviencia argentina establece que todo ser humano tiene derecho al respeto de su integridad física y psíquica.
2.- El artículo 3 de la ley de coexistencia argentina establece que: «Toda persona tiene el derecho a la intimidad personal y familiar. Nadie podrá ser obligado a revelar datos o informaciones que no le pertenezcan».
3.- En el artículo 4 de la Ley de Convivencia Argentina se establece que: «El Estado reconoce el derecho de las personas a la igualdad ante la ley. Ninguna persona será discriminada por razón de sexo, raza, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social».
4.- Por último, en el artículo 5 de la misma ley se establece: «El Estado garantiza el derecho al trabajo, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones de salud adecuadas, a un medio ambiente sano, a participar en la vida cultural, a elegir libremente su profesión u oficio, a acceder a las prestaciones sociales y a la seguridad social, a jubilarse y a morir dignamente».

En caso de incumplimiento de alguno de los deberes establecidos en el CCCCN, se puede iniciar una acción judicial por incumplimiento de contrato o de ley.

1.- El incumplimiento de los acuerdos pactados en el contrato de convivencia (artículo 6): si uno de los cónyuges no cumple con sus obligaciones, el otro cónyuge puede iniciar acciones judiciales por incumplimiento contractual.
2.- La violación de los derechos de los hijos (artículos 7 y 8): cuando uno de ellos viola los derechos del otro, el juez puede ordenar medidas de protección para evitar que el otro hijo sea víctima de violencia física o psicológica.
3.- Las agresiones físicas o psicológicas (art. 9): el juez debe tomar medidas para proteger a la víctima de agresiones físicas y/o psicológicas.
4.- Los malos tratos (art 10): es posible denunciar a un cónyugue por malos tratos si se producen actos de violencia contra la víctima.
5.- Falta de pago de pensiones alimenticias (art 11): en caso de falta de pago, el cónyugo puede iniciar procesos judiciales para cobrar las pensiones alimentarias.
6.- Incumplimiento de los compromisos adquiridos en el matrimonio (art 12): este tipo de incumplimiento puede dar lugar a la disolución del matrimonio.

Los casos de violencia de género son aquellos en los que una mujer sufre violencia física, psicológica y/o sexual por parte de su pareja.

En Argentina, la ley de convivencias establece un régimen jurídico para la relación entre los cónjuges. El Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) regula la convivencia de los esposos y establece los derechos y obligaciones de ambos cónyugues. La ley de relaciones familiares establece que los cóyuges tienen derecho a vivir juntos y a formar una familia. Además, establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, estableciendo que la unión civil es un medio para formalizar el vínculo matrimonial. Por último, la Ley de Matrimonio Civil establece que la celebración del matrimonio civil es obligatoria para todos los ciudadanos argentinos mayores de edad.
La ley de parejas de hecho establece que las parejas de personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio civil. Sin embargo, no existe una regulación específica para las parejas homosexuales. En Argentina, el matrimonio civil se celebra ante un juez y tiene efectos civiles. Los cónyugos pueden contraerse matrimonio civil en cualquier momento, sin necesidad de esperar a que se cumplan los requisitos legales.

La Ley Nº 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece medidas de protección a las víctimas de violencia de genero.

Las leyes argentinas establecen que la violencia de géneros es un delito. Las penas por este delito van desde los 6 meses hasta los 10 años de prisión. Además existen otras penas como la prohibición de acercarse a la víctima por un plazo de 5 años, la prohibición del ejercicio de cargos públicos durante 5 años o la prohibición definitiva de ejercer cargos públicos.
La Ley Nº 27.499 de Violencia Familiar y de Género establece que toda persona tiene derecho a ser protegida contra la violencia familiar y de género. Esta ley establece que todas las personas tienen derecho al acceso a la justicia, a la asistencia integral y gratuita, a recibir información adecuada y oportuna, a denunciar, a acceder a la protección y a la reparación integral de sus derechos. Además establece que todo acto de violencia familiar o de género es un ilícito penal y que debe ser sancionado con pena privativa de libertad.
La Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la República Argentina tienen derecho a:
La Constitución también establece que ningún habitante de la república puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además prohíbe la discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tiene a su cargo el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar e erradicar la violencia hacia las mujeres

En el año 2015 se aprobó la Ley Nº 25.929 de Protección integral para prevenir y sancionar la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres. Esta norma establece que la violación es un crimen y que quien la comete debe ser castigado con prisión perpetua. Además, establece que quienes cometan delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes deben ser sometidos a tratamiento psicológico y psiquiátrico.
La ley Nº 26485 de protección integral para evitar, sancionary erradicar la violenciade género establece que las personas que sean víctimas de una situación de violencia pueden solicitar ayuda a través de la línea 144. También establece que si la víctima no puede comunicarse con la línea, puede dirigirse a la comisaría más cercana a su domicilio. Si la víctima vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede acudir a la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) ubicada en Av. Corrientes 1530, CABA.

Las provincias tienen a su cargo la implementación de políticas públicas dirigidas a prevenir, combatir y erradicar la discriminación y la violencia contra todas las personas, en particular contra las mujeres.

En Argentina, la Ley de Convivencia Familiar y de Pareja (Ley Nº 26.485) establece un régimen jurídico para la relación entre los miembros de una pareja estable. La ley establece que los integrantes de una familia deben convivir en armonía y respeto mutuo. Asimismo, la ley establece medidas de protección para las personas menores de edad que convivan con sus padres o tutores.
La Ley de Violencia Familiar y Contra la Mujer (Ley N° 26.061) establece que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente libre de violencia física, psicológica, sexual y económica. Por otra parte, la misma ley establece penas para quienes cometen actos de violencia contra las personas. Las penas van desde los 6 meses hasta los 10 años de prisión.
La Constitución Nacional (artículo 43) establece como uno de los derechos fundamentales de la persona el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a gozar de una vivienda digna y adecuada, a tener acceso a alimentos suficientes y a condiciones de salud adecuadas. El artículo 44 establece que todos los habitantes de la República tienen derecho a acceder a la justicia en forma gratuita.

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